Uno de los fenómenos más fascinantes del escenario político español es la costumbre de algunos agentes políticos de proferir solemnes afirmaciones que chocan con los datos más obvios. Los especialistas sabrán explicar la base psicológica de esa peculiar inversión cognitiva, de la que expondré algunos ejemplos llamativos.

Sostienen muchos socialistas y bastantes neocomunistas que los partidos de derechas no aceptan la posibilidad de que gobiernen las izquierdas. Añaden que, sintiéndose propietarias del Estado, no admiten la alternancia democrática. Me resulta imposible imaginar de dónde se han sacado ese delirio. Desde la transición a la democracia el PSOE ha ocupado el Gobierno español durante 27 años, mientras que la UCD y el PP han gobernado 20 años. ¿Por qué los que han gobernado más tiempo dicen que sus adversarios no les reconocen el derecho a gobernar? ¿O es que quieren gobernar siempre ellos? ¿Ha habido algún presidente socialista expulsado por un golpe de Estado o una moción de censura? La respuesta es negativa. En cambio, Adolfo Suárez se vio forzado a dimitir por la presión de los golpistas, que consumaron su propósito en la etapa de Calvo Sotelo. Y Rajoy perdió la Presidencia mediante una moción de censura en la que se le implicó en una trama de corrupción, sin que luego fuese nunca imputado. La percepción por parte de amplios sectores de las izquierdas españolas de que las derechas no aceptan la alternancia no solo carece de cualquier base empírica, sino que los datos apuntan en la dirección opuesta. Solo algunos partidos de izquierda han declarado alucinantes proclamas de “alerta antifascista” cuando el PP ha entrado a gobernar en alguna comunidad autónoma o a conformar el Gobierno español.

Ese tipo de delirio político paranoico alcanza su máxima expresión en los partidos separatistas, especialmente los catalanes. Afirman impertérritos que sus líderes son perseguidos política y judicialmente por sus ideas, lo que revelaría la degradación radical de la democracia española. Y eso lo dicen unas gentes que han estado gobernando ininterrumpidamente en Cataluña, solos o en coalición con el PSC, desde la transición a la democracia. Aunque han presidido el Gobierno de la región catalana, Pujol, Mas, Puigdemont, Torra y Aragonès se quejan de que les persiguen por sus ideas. ¿No resulta cínico tal victimismo? ¿No será más cierto que han sido los separatistas los que han practicado una continua discriminación contra los desafectos a su proyecto de un Estado catalán?

La misma inversión cognitiva se produce en los debates sobre las lenguas oficiales en las provincias catalanas, valencianas y baleares. Propiciada por los dirigentes del PSC, en Cataluña impera desde hace muchos años la inmersión lingüística, en virtud de la cual los niños catalanes no reciben enseñanza en español en los centros públicos. Pues bien, los separatistas se sienten agredidos porque algunas familias piden, y los tribunales les dan la razón, que sus hijos reciban algunas asignaturas en español. Nadie ha pedido nunca que no reciban enseñanza en catalán los que así lo deseen, pero resulta que pedir enseñanza en español es propio de fascistas cerriles. ¿No es el mundo al revés? ¿A qué vienen las convocatorias de los sindicatos de huelgas de docentes para exigir que toda la enseñanza sea en catalán? Y encima se quejan de que son ellos los agredidos. Pura inversión cognitiva.

Más recientemente los afines al presidente Sánchez sostienen que la democracia española está en peligro por los bulos y mentiras que difunden sus adversarios. ¿No se necesita un talante muy especial para que se atreva a acusar a nadie de mentiroso uno que prometió poner a disposición de la justicia a Puigdemont, no pactar con Bildu, no incorporar de ministro a ningún comunista, reforzar el Código Penal en lo referente a la sedición y no otorgar ninguna amnistía por considerarla inconstitucional? ¿Puede con ese pasado osar ilustrarnos sobre las ventajas políticas de la sinceridad? No salgo de mi asombro.

¿En qué consistirá la regeneración democrática que anuncian para después de las elecciones europeas? Al parecer, pedirán que todos los medios de comunicación aclaren sus fuentes de financiación. Estupendo, pero ¿por qué no empezamos por aclarar con qué criterios se distribuyen los 450 millones de euros que el Gobierno español dedica a publicidad? El Gobierno que ha dedicado más dinero a la propaganda pide cuentas los demás. Pura inversión cognitiva.

¿Y la guerra judicial? En un país donde varios dirigentes del PP han acabado en la cárcel por delitos de corrupción y otros han tenido que dimitir aun siendo inocentes, nuestras izquierdas se quejan de guerra judicial porque a veces también ellos han resultado absueltos. ¿Acaso pretenden que todas las investigaciones judiciales acaben en condena? ¿No sería eso propio de un sistema judicial corrupto? Habiendo indicios razonables para iniciar la investigación, quejarse de resultar exonerado es pura inversión cognitiva.